En el año 2005, la ley N°2000 era publicada como la nueva ley de drogas que sanciona en Chile el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, reemplazando a la Ley N° 19.366 vigente durante los diez años anteriores.
Entre las principales modificaciones que introdujo a la legislación existente destacó la creación de la figura del microtráfico y de nuevas facultades para las policías, en el combate del narcotráfico.
Pero también, se aumentaron los mecanismos de prevención de consumo en los organismos públicos, de manera de evitar la infiltración del mercado de la droga en el Estado.
Para cumplir tal objetivo, la ley estipula en su artículo 68 una serie de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se impide que pueda ejercer como ministro, subsecretario, jefe superior de servicio o directivo superior de un organismo público, la persona “que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”. Y agrega que “para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad”.
Así también, la ley estipula que "corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas”, el que se detalla en el reglamento correspondiente.
En dicha normativa no sólo se regulan las medidas de prevención en los órganos estatales, sino que además el procedimiento de control de consumo que se aplicará a los funcionarios públicos, que de acuerdo a la Ley de Drogas “comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos”
Por José Luis Riffo M.
Por José Luis Riffo M.
06 de julio 2010
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